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2008 acabó cerrando uno de los capítulos más controvertidos del futuro desarrollo turístico y de infraestructuras del país. En Diciembre, PSOE y PP consensuaron el modelo de gestión aeroportuaria en España: mantenimiento de la unidad de la red y su carácter estatal.

La decisión provocó un gran revuelo entre los representantes de los partidos nacionalistas, presentes en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, que pensaban que el Gobierno accedería a sus peticiones de privatización y participación activa de las CCAA en la gestión.

La Ministra de Fomento informó que se dividiría la actual AENA en dos sociedades 100% estatales: una para la navegación aérea y otra para la gestión aeroportuaria. El 30% de esta última se abriría en un futuro próximo al capital privado y, en un plazo no determinado, se daría entrada a las CCAA en los aeropuertos de gestión más compleja, esto es, en aquellos con un tráfico superior a 30 millones de pasajeros al año. Tan solo dos aeropuertos cumplen este requisito: Madrid y Barcelona.

Personalmente considero acertada la resolución frente a lo que se proponía por los partidos nacionalistas, que suponía la destrucción de la red. Los aeropuertos son un elemento estratégico en el país y estar al amparo del Gobierno Central (como el actual modelo de AENA) asegura su sostenibilidad futura y las inversiones necesarias para mantener unas infraestructuras competitivas a nivel internacional.

A nadie le interesa que los aeropuertos españoles puedan encontrarse algún día en la situación en la que están la mayoría de los británicos. La falta de inversión de BAA en las infraestructuras durante muchos años hizo que Ferrovial, al adquirir esta compañía, se encontrara con una situación absolutamente límite, que aún está sufriendo. BAA era una empresa privada y, ante todo, tenía que asegurar la rentabilidad para sus accionistas.

El actual modelo de AENA permite que los aeropuertos estén en buenas condiciones, permite que haya un plan de inversiones muy ambicioso que mantiene la red aeroportuaria española entre las mejores del mundo y, sobre todo, es un modelo AUTOFINANCIABLE. No cuesta un euro al bolsillo de los contribuyentes.

Si bien es cierto que todo modelo puede mejorarse (y el de AENA deberá hacerlo sobre todo en la parte de gestión de los aeropuertos), ¿cuál era la alternativa? ¿la destrucción de la red y la casi segura desaparición de la mayor gestora aeroportuaria del mundo?

Y si hablamos del modelo de negocio, ¿alguien ha valorado el coste de mantener y mejorar estas infraestructuras? ¿quién se haría cargo de la factura? Las empresas privadas (representadas por las Cámaras de Comercio) querrían flexibilidad y pocos impuestos porque, lógicamente, deben buscar la mayor rentabilidad a sus inversiones. Las compañías aéreas pedirían menos tasas y amenazarían con irse a aquellos aeropuertos que les cobren menos (entrando en una guerra de precios entre aeropuertos, guerra en la que sólo ganarían las compañías, no las regiones). Entonces, ¿de dónde saldría el dinero necesario para mantener las infraestructuras? Pues me temo que de los impuestos procedentes del bolsillo de todos y cada uno de los habitantes y de las empresas de esas CCAA, hagan uso del aeropuerto o no. Es decir, lo que ahora nos sale gratis a los contribuyentes, porque AENA se autofinancia, pasaría a costarnos dinero a través de los impuestos.

Este tema requiere un análisis más profundo, pero no quería dejar de comentarlo.